Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por formar parte de esta gran movilización en defensa de la sanidad pública

La salud es un derecho y debe ser protegido. Pero en estos tiempos, y con estos responsables políticos, la salud de la ciudadanía está en grave peligro porque la sanidad pública está en grave peligro.

La salud es un derecho y así lo recoge la Constitución Española, en su artículo 43: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. Así lo recoge la Ley General de Sanidad, de 1986. Así lo recoge el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero sobre todo, lo afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la salud es un derecho humano.

La salud es un derecho, pero es un derecho que va por barrios. La esperanza de vida es menor en los distritos del Sur de la ciudad de Madrid que en los distritos de la almendra central. Una vecina o un vecino de Usera o Villaverde viven menos años que un vecino o una vecina del distrito de Salamanca. La incidencia de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el tabaquismo, la diabetes o la ansiedad son mayores en los barrios populares.  En el estado de salud de una persona inciden  condicionantes sociales, como el nivel de renta, el nivel educativo, la situación laboral… que hacen que el código postal importe más que el código genético. Por eso es tan importante la sanidad pública en nuestros barrios, para compensar esos condicionantes sociales.

La salud es un derecho, y para que para que sea efectivo los poderes públicos han de asignar los recursos suficientes para crear y mantener las infraestructuras imprescindibles y dotarlas de plantillas y recursos suficientes.

La sanidad pública es gratuita en el momento del uso, pero se mantiene con impuestos que pagamos entre todas y todos. En realidad no, entre todas y todos no, que en España los impuestos los pagamos las clases populares: ni las grandes empresas, ni las multinacionales, ni los fondos de inversión, ni las grandes fortunas pagan impuestos, aprovechándose de mil maneras, en cambio,  del sector público financiado por las y los trabajadores.

Dotar de infraestructuras, equipamientos, suministros y personal a los servicios públicos de salud es una decisión política, así que no intenten engañarnos: no se puede alegar falta de recursos y con eso desatender las necesidades de la población en materia sanitaria. Y si faltan recursos, que paguen impuestos las grandes empresas, los fondos de inversión y los multimillonarios.

La salud, nuestra salud, es un derecho y nos lo están robando.

Nos lo roban con cada plaza del personal sanitario o administrativo sin cubrir en nuestros centros sanitarios.

Nos lo roban con el cierre del Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

Nos lo roban con las listas de espera.

Nos lo roban con el raquítico tamaño de la red de salud mental.

Nos lo roban cuando se limita su universalidad, cuando se restringe el acceso a las personas en función de su clase y  de su origen

Nos lo roban cuando no se dedican medios a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.

Nos lo roban con cada externalización de servicios, con la continua privatización de servicios sanitarios que encaren los costes de la sanidad y merman su calidad.

Nos lo roban con la corrupción.

Nos roban nuestro derecho y por eso nos movilizamos.

La pandemia nos ha mostrado, una vez más, la importancia del sistema sanitario público. Fueron las y los trabajadores de la Sanidad pública quienes dieron la batalla, mientras el sector privado miraba para otro lado.

Por eso estamos aquí: para no dejarnos robar la sanidad pública.

¡Usera y Villaverde salen a la calle por la sanidad pública!

¡Porque la sanidad pública no se vende, se defiende!